Cataluña se ha sumado al club de autonomías gobernadas por el
PP que han anunciado rebajas en la ley antitabaco. La Generalitat,
dirigida por PSC e ICV, y los gremios de restauración han acordado
que los bares y restaurantes de más de 100 metros cuadrados no tendrán
que separar físicamente las zonas de fumadores, como obliga la ley
antitabaco a partir del 1 de septiembre. En la misma línea van los
reglamentos de la Comunidad Valenciana, Madrid y La Rioja. El
Ministerio de Sanidad niega que la ley pueda interpretarse así,
y afirma que recurrirá ante los tribunales cualquier intento de
rebajar la ley antitabaco.
La Generalitat y la Federación de Restauradores de Cataluña aseguran
que el acuerdo alcanzado no vulnera la ley antitabaco, de ámbito
estatal. Ambas partes recordaron ayer que la legislación en esta
materia, vigente desde el 1 de enero de este año, obliga a separar
físicamente las zonas de fumadores con las que están libres de humo.
Pero esta solución, aseguran, no implica sólo colocar ladrillos. El
pacto alcanzado asegura que en los bares y restaurantes catalanes
"será necesario disponer de sistemas de ventilación o dispositivos
que permitan garantizar la eliminación del humo del tabaco". Una
apuesta que pasa por potenciar la instalación en los locales de
sistemas de ventilación capaces de generar cortinas de aire.
Tanto los propietarios de bares y restaurantes como la Generalitat
consideran que, con el aire, se puede lograr la separación total
entre los espacios con y sin humo. Según las autoridades sanitarias
catalanas, el aire está limpio si no tiene más de 0,7 microgramos de
nicotina por metro cúbico de aire. Algo que afirman que pueden
garantizar los sistemas de ventilación. "Las pruebas efectuadas
demuestran que este sistema es capaz de lanzar en todo momento
aire limpio, que actúa como barrera", dijo Gaietà Farràs, presidente
de la Federación de Restauradores de Cataluña.
La instalación de ventiladores significa, para los dueños de locales,
tener que invertir menos. El coste de los ventiladores es menor que el
de contratar un constructor para que divida el local mediante paredes.
Pero los beneficios no son únicamente económicos. Farràs recordó ayer
que los bares y restaurantes que han optado por levantar muros para
separar las zonas de fumadores se han encontrado con una dificultad
que no se esperaban: la burocracia. Los pasos para conseguir los permisos
para levantar el muro convierten el proceso, según Farràs, en una
auténtica "odisea". Primero, tienen que obtener la licencia de
obras municipal. Y luego, si el local se encuentra en una comunidad
de vecinos, hay que contar con el beneplácito de todos los inquilinos.
"Hay que consensuar con la comunidad de vecinos la instalación de
chimeneas para canalizar ventilaciones independientes", recordó Farràs.
Por su parte, la Generalitat también destacó las ventajas de los
ventiladores. "Los sistemas de ventilación garantizan en todo momento
la pureza del aire y que no haya nicotina ambiental", aseguró ayer el
director general de Salud Pública de la Generalitat, Antoni Plasencia,
para quien el acuerdo que han alcanzado los responsables de Salud
con los gremios de restauradores no significa vulnerar la ley antitabaco
de ámbito estatal.
Con este acuerdo, Cataluña se suma a las comunidades que pretenden
rebajar la ley antitabaco. Hasta ahora, la que más lejos ha llegado
es la Comunidad Valenciana, cuyo reglamento ha aumentado la superficie
máxima de los locales de hostelería donde no hay que crear zonas de
fumadores a 120 metros cuadrados, y no impone que se separen físicamente.
La ley establece que a partir del 1 de septiembre los locales de más de
100 metros cuadrados que quieran tener zonas para fumadores deberán
compartimentarlas. Estos lugares no podrán ocupar más del 30% de la
superficie del local.
También Madrid y La Rioja estudian borradores en los que, aparte de
eliminar la obligación de compartimentar las zonas con humo, permiten
fumar en algunos bares de los centros de trabajo, informa Emilio de Benito.
Una portavoz del Ministerio de Sanidad recordó que el departamento
que dirige Elena Salgado ha enviado un requerimiento al Gobierno
valenciano para que el reglamento se adapte a la ley. Si la Generalitat
no cumple (el plazo vence el 10 de junio), Sanidad recurrirá el decreto
ante el Tribunal Superior de Justicia de Valencia. Sanidad no quiso
pronunciarse sobre la medida catalana porque no la conocía, pero si
se confirma su intención -o la de otras comunidades- actuará de la
misma manera, advirtió la portavoz del ministerio.
